Opinión.

    • La Policía Comunitaria no debe ser interpretado como un acto de desacato o rebeldía, no, sino que es el ejercicio de un derecho.

     

    Policías comunitarias: entre la autodefensa, el paramilitarismo y

    los narco grupos de defensa.

     

    Por Ricardo García Jiménez / APIM.

    En los dos sexenios del gobierno federal panista que terminaron con el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al poder, la escalada de violencia que se ha vivido en estos 12 años provoco una serie de fenómenos sociales sin precedente. Estos eventos que marcaron la historia de nuestra nación fue teñida de sangre, hechos que estuvieron asociados directamente a la violencia física y psicológica por parte de grupos de delincuentes asociados al poder político regional en cada entidad y al federal, dejando como saldo más de 100 mil muertos. Ello propicio en los últimos meses el surgimiento de las llamadas Policías Comunitarias; respuesta de algunas comunidades para defenderse contra los grupos de delincuentes o poderes fácticos que atentan contra la integridad física o patrimonio de los pobladores de esos lugares. El fenómeno ha merecido que varios analistas y estudiosos del tema presenten argumentos en pro y contra de la existencia y fines de estos grupos armados.

    Debemos indicar que la esencia de la Policía Comunitaria germina de las formas permisible que el derecho consuetudinario otorga a las comunidades indígenas, que con forme a sus usos y costumbres, estos se organizan para brindar seguridad interna a la población indígena, los recursos naturales existentes en sus territorios y la protección de sus lugares de residencia y patrimonios familiares. 

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  • El surgimiento de la llamada Policía Comunitaria no debe ser interpretado como un acto de desacato o rebeldía, no, sino que es el ejercicio de un derecho que en el caso de los pueblos indígenas, está sustentado en los artículos 2 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que posibilita la articulación de cuerpos de seguridad para la prevención de los delitos, más cuando en estos municipios de carácter indígena, bajo sus formas de organización comunitaria establecen por conveniencia la creación de guardias o policías que son un mandato de las asambleas de los pueblos para su salvaguardia.

    Hay que ser cautos ante este fenómeno porque puede existir confusiones inducidas por los medios de comunicación cuando se observan a grupos de ciudadanos armados en varios estados del país, que argumentan la debilidad y corrupción de las instituciones encargadas de mantener el orden y aplicar la ley como causa central de su existencia, so pretexto ante la ola avasalladora de la delincuencia organizada o los poderes caciquiles regionales que manifiestan su presencia con actos de violencia desatada.

    Ahora bien, en la Constitución Mexicana el artículo segundo reconoce el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas para su libre autodeterminación; específicamente en la fracción segunda del mencionado artículo se aborda la problemática señalada con las llamadas policías comunitarias. Dicha fracción menciona que:

    “II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.”

    El texto y su interpretación lógica o teleológica (medios empleados), por sus resultados (declarativa, extensiva, restrictiva, progresiva), por su origen o por los sujetos que la realizan, o cualquier otra forma de interpretación que se quiera emplear, demuestra el  fundamento constitucional para que las denominadas policías comunitarias puedan crearse, ya los preceptos contemplan que dentro de sus comunidades existe una “jurisdicción indígena”, de esta manera quien cuestione la existencia de estos grupos en forma negativa, muestra la falta de conocimiento e interpretación de la Ley dentro de lo márgenes del derecho positivo.

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  • De igual manera esta forma de garantizar la seguridad, está prevista en los tratados internacionales signados por México. Por ejemplo, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por el Gobierno Mexicano desde el año de 1990, establece en su artículo 9 lo siguiente:

    “1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados ocurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros.

    2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia.”

    Por otra parte, el artículo 34 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece también lo siguiente:

    “Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.”

    Por lo tanto, los anteriores preceptos son el fundamento tanto legal como constitucional de las llamadas “policías comunitarias”, sin embargo, esta figura sólo tiene vigencia y carácter legal dentro de las comunidades indígenas, en donde se puede ejercer la llamada “jurisdicción indígena”, respaldado por los usos y costumbres o los denominados Sistemas Normativos Internos, que desde el punto de vista del derecho positivo, se podría decir que los integrantes de las llamadas “policías comunitarias” están ejerciendo un pleno derecho constitucional y avalado por los preceptos internacionales.

    Ahora bien los críticos del fenómeno de las Policías Comunitarias, que por lo general son actores que traten de hacer valer sus poderes fácticos, sostienen que la ilegalidad de los ciudadanos armados, como su eventual ineficacia para establecer condiciones aceptables en los niveles de seguridad pública, son en esencia los ejes de su postura para exigir su desarme y la detención de sus líderes.

    Una postura así coloca en un mismo saco a las policías comunitarias, los grupos de autodefensa, paramilitares, guardias blancas y narco-grupos de defensa lo que genera confusión entre la opinión pública.

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  • El galimatías y la actitud deliberada por el desarme de estos grupos que se lanza como un linchamiento mediático alimentan la idea de que los ciudadanos armados infringen la ley y deben ser tratados como criminales.

    Más aún, a las policías comunitarias se les considera y se les trata de vincular como empleados o sicarios del narcotráfico, también se les trata de vincular con caciques regionales que tiene la finalidad de crear conflictos y caos para favorecer sus intereses privados.

    Es conveniente desenmarañar esta telaraña creada por los distintos medios de comunicación y sus analistas gubernamentalitas para establecer diferencias de estos grupos en términos de su fuente de legitimidad y por ende de los límites de sus actividades, tomando en cuenta la discusión que ha generado el tema en distintos sitios de internet y en los medios de comunicación tradicionales.

    Comencemos con las Policías Comunitarias. Estas obedecen a las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas y están sujetas a sus propios sistemas normativos o los llamados usos y costumbres. El origen de estos agrupamientos surge por el mandato de las asambleas comunitarias de los pueblos indígenas que ante la necesidad de proteger a la población, las zonas de sus recursos naturales y la protección de sus lugares de residencia y patrimonios familiares, ante eminentes enemigos que buscan romper con el orden establecido, surgen por la falta de atención o negligencia de las autoridades estatales o federales, ejerciendo su derecho constitucional de protegerse.   

    Hay que señalar que este tipo de agrupaciones no son un fenómeno reciente, ya que en el sistema de cargos de las comunidades indígenas contempla la figura del “guardián del orden”, que bajo cualquier denominación o nombre, está facultado para detener al supuesto delincuente, pero está obligado a remitirlo a las autoridades locales, quienes a su vez los ponen a disposición del ministerio público.

    Los miembros de estas policías comunitarias no reciben un salario por sus actividades –la comunidad les proporciona alimentos y refugio–  y las armas que utilizan normalmente son de su propiedad y no son de uso exclusivo del ejército. Esta actividad es una forma de Tequio, misma que es una forma organizada de trabajo en beneficio colectivo, que consiste en que los integrantes de una comunidad deben aportar materiales o su fuerza de trabajo para realizar una determina actividad de beneficio común.

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  • La cantidad de miembros de las comunidades que se han incorporado a dichas agrupaciones ha ido creciendo acorde con el nivel de violencia que presentan las regiones donde se ubican las localidades. En todo caso su legitimidad descansa, en última instancia, en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo así como en la constitución mexicana en los artículos ya antes señalados.

    Los grupos de autodefensa. Por su parte estas agrupaciones obtienen su legitimidad de un grupo de la comunidad indígena o no, y por lo tanto, no tienen la obligación de rendirle cuentas de sus acciones a los consejos o asambleas de los municipios. Estos grupos actúan por cuenta propia como brigadas de ajusticiamiento al identificar una amenaza para los miembros de la localidad. Sus militantes deciden armarse para enfrentarla y hacer justicia según les parezca, aunque siempre en nombre de los habitantes de su región o localidad. El armamento utilizado puede incluir armas de alto calibre y, en teoría no reciben un pago por su trabajo.

    Este tipo de agrupaciones transita sobre el filo de una navaja que pueden hacer variar el sentido y objetivos de su irrupción como actor social en ciertas regiones del país debido, por una parte, a que pueden ser cooptadas por los poderes fácticos de la región donde operan, convirtiéndose así en grupos paramilitares que hostigan o asesinan por instrucciones de los caciques regionales en operaciones selectivas de la población para erradicar líderes que se oponen al poder de estos feudos.

    La gran mayoría de estos caciques están relacionados y vinculados con partidos políticos que monopolizan el poder. La actuación de estos grupos es del conocimiento de los gobiernos estatales o federal. Por otra parte, estos grupos de autodefensa pueden responder y asumirse como actores políticos militares para defenderse de los grupos de paramilitares o grupos de delincuentes que operan en ciertas regiones del país.

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  • La legitimidad de este último tipo de grupos proviene de sí mismos y de su posición frente a la amenaza identificada que atenta contra el desamparo de las poblaciones que son hostigadas por los caciques o grupos de interese en ciertas regiones.

    Los paramilitares. A estos grupos se les conocen comúnmente como guardias blancas y son grupos de individuos armados por los grupos de poder en la región como terratenientes, comerciantes, autoridades y delincuencia organizada. Su legitimidad es nula pues responde a los intereses de sus mecenas y por lo tanto sólo les rinden cuentas a ellos.

    Si bien pueden estar integradas por miembros de las comunidades de la región, estos no titubean para atacarlas y saquearlas si esas son las órdenes del jefe o comandante de zona. Se les llama paramilitares pues actúan de manera paralela a las fuerzas armadas, recibiendo de éstas apoyo logístico, entrenamiento y armas.

    También les son proporcionados datos de sus objetivos por instituciones de inteligencia del Estado. Su jerarquía está claramente inspirada en el orden militar y utilizan armamento sofisticado.

    Las organizaciones paramilitares, pueden o no, servir a los intereses del Estado y generalmente están fuera de la ley. Dentro de sus miembros pueden estar fuerzas policiales, mercenarios, integrantes de escuadrones de asalto o grupos de seguridad privados.

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  • Estos grupos generalmente tienen un carácter de tropa irregular por lo que combaten sin obedecer las convenciones nacionales e internacionales para el ejercicio de la guerra, lo cual le permite excesos de violencia que serían inadmisibles en las fuerzas del Estado

    Narco grupos de defensa. La mejor expresión para definir a este tipo de agrupaciones es utilizando el símil al grupo delictivo de los Zetas. Los primeros integrantes de los Zetas, en su tiempo de militares fueron capacitados en la Escuela de las Américas que al momento de su entrenamiento, había sido trasladados a Fort Braggs, en el estado de Georgia, desde su sede original en Panamá y cuyo objeto aparente era entrenar a los mejores oficiales de varios países latinoamericanos para contrarrestar y combatir movimientos de izquierda.

    Pero pasado un tiempo un número creciente de ellos pasó de combatir el narcotráfico a formar parte de una red propia de narcotráfico que competía con otras organizaciones existentes.

    La estructura de este grupo es totalmente militar. Como dato en 1999 esta agrupación empieza a trabajar para Osiel Cárdenas Guillén reclutando a ex militares para crear el brazo armado del Cártel del Golfo; eventualmente empieza a reclutar a integrantes en servicio activo del batallón 15.º de infantería en Tampico, perteneciente a la 8va Zona Militar, situada en Reynosa, Tamaulipas, los cuales desertaron del ejército y se integraron a los Zetas. Se dice que de este batallón salieron siete elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE). Este grupo vende sus servicios y lealtades a los principales carteles del narcotráfico en el país.

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  • Los niveles y jerarquías de Los Zetas, inspiradas en la disciplina militar, portan nombres que determinan su rango y deberes. Por ejemplo: Los Halcones. Es el nivel más bajo y son los vigilantes, encargados de espiar las actividades de la autoridad u otros cárteles. Generalmente son las autoridades municipales y jóvenes de entre 12 y 25 años de edad y/o de bajos recursos que viajan en motonetas y automóviles "tuneados" deportivos incluso sin matrícula.

    Como se puede apreciar, las policías comunitarias son las que están más cerca de la población, de las comunidades y pueblos, como fuente de legitimidad. Por su parte, los paramilitares se encuentran en el punto opuesto: su razón de ser es precisamente agredir los intereses comunes y defender los particulares. Sólo obedecen al dinero, que es a final de cuentas lo que los motiva a actuar. En medio se quedan las autodefensas, quienes fácilmente pueden desplazarse a cualquiera de los extremos en función de la coyuntura que se presente.

    Los Narco grupos de defensa son una tipología aparte que merece en algún otro momento reflexionar más sobre ello, pero por los móviles y sus sentido de operar estos si pueden ser clasificados como delincuencia organizada.

    Los cuatro grupos armados antes descritos han aparecido en el centro de la discusión de los analistas, académicos  y medios de comunicación, agrupaciones que no pueden ser medidas con un mismo criterio pues cada una de ellas tiene orígenes, objetivos, responden a un tipo de autoridad y financiamiento. Y dada las circunstancias que hoy vivimos, resulta imposible negar la necesidad de pensar en nuevas formas de mejorar la seguridad, sobre todo involucrando a las reales o potenciales víctimas.

    Insistir en que las fuerzas armadas deben ser las únicas encargadas de mantener el orden intrerno del país es simplemente sugerir un régimen de gobierno con tientes de dictadura militar que clausura nuevas formas democráticas para velar por la seguridad y frenar la espiral de violencia que se desato en nuestra nación hace más de una década con los gobiernos panistas, y que con el PRI en el poder la situacion futura no parece cambiar.

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