Opinión.

  • El País de las Nubes

TELECOMUNICACIONES, LIBRE MERCADO Y ¿DESARROLLO?

 

Por Ramón John/APIM

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Resulta por demás interesante la cobertura y difusión que se le brindó a fines de enero, al Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de las telecomunicaciones, en el que palabras más palabras menos, hace una severa crítica al monopolio que ejerce Telmex -la empresa de Carlos Slim-, y que por su condición dominante no permite la competencia en el sector de las telecomunicaciones, especialmente en telefonía e internet. Sin duda existe mucha tela de donde cortar tocante a este tema, pero en necesario resaltar algunos puntos esenciales que no fueron abordados en el informe de la OCDE, sobre todo aquellos vinculados a la penetración y cobertura, cuya desigualdad se acentúa en los núcleos de población rurales como las cientos que existen a lo largo y ancho del territorio nacional.

Más allá de la controversia efectiva con relación a la naturaleza del documento, de que si debería de haber sido la Cofetel y no la OCDE el responsable de emitirlo; o si se prefirió evitar el mismo tipo de recomendación para el duopolio televisivo ejercido por TV Azteca y Televisa, lo esencial es que puso nuevamente a discusión el impacto de una privatización no planificada, la concentración de una empresa de tal dimensión en unas solas manos, de la falta de políticas públicas incluyentes, la carencia de un marco regulatoria que impida las negociaciones políticas, y por último, de un desequilibrio que el mercado ha sido incapaz de corregir.

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  • TELECOMUNICACIONES, LIBRE MERCADO Y ¿DESARROLLO?.
  • Hacemos hincapié que estamos en los tiempos de la era digital, donde la convergencia tecnológica es esencial para la llamada sociedad del conocimiento y de la información, por cierto tan desigual en el país cuyas repercusiones afectan en el crecimiento y en el desarrollo socioeconómico.

    En este sentido, conviene resaltar algunos antecedentes que nos ubican el contexto en que se difunde el informe de la OCDE y su impacto en la pugna por dominar en el sector de las telecomunicaciones. A raíz de la licitación de las diferentes frecuencias del espectro radioeléctrico, se formaron dos bandos: el primero es el Grupo Carso, propiedad de Slim; y el segundo lo establecieron TV Azteca y Televisa. Ambas televisoras vetaron la publicidad de Telmex y de Telcel, lo que obligó a buscar espacios en medios digitales e impresos. Citamos un ejemplo de ello, el pasado 13 de enero, en la portada de un periódico de circulación nacional se puede leer el siguiente cintillo: “TELMEX continúa reduciendo el precio de sus servicios en 2012, por doce años consecutivos.” Es claro que el efecto de no aparecer en la pantalla chica no ha mermado considerablemente la posición que ocupa la empresa de Slim ni tampoco sus ganancias.

    En respuesta al estudio de la OCDE, Carlos Slim calificó las cifras como “jalada de los pelos” y aseveró que entre Telmex y Telcel venden 17 mil mdd. Sin duda muy rentable el sector, por si fuera poco agregó que “Nuestro proyecto no es la televisión abierta, no nos interesa.” Esta declaración deja entrever el porqué de la desigualdad en el sector de las telecomunicaciones y la profunda brecha que existe entre ciudades, municipios y comunidades como desglosaremos más adelante. Para quienes aseveran que las privatizaciones son el único camino para salir del “atraso” económico, encuentran en el caso de las telecomunicaciones un entramado que lejos de incidir en una cobertura universal con el consiguiente despegue para la sociedad, ha provocado polos de desarrollo que dificultan una homogeneidad en la aplicación, uso, extensión y cobertura de servicios en telefonía e internet.

    Algunos datos obtenidos de los estados financieros del segundo trimestre del 2011, nos señalan que Telmex reporta 15 millones 254 mil líneas fijas, y concentra el 77.7 por ciento del mercado con un aproximado de 19.6 millones de líneas. Por su parte Telcel concentra el 70 por ciento de las líneas móviles. Sin embargo cabe recordar que las obligaciones de su título de concesión del 10 de agosto de 1990 comprometen a Telmex a brindar cobertura y servicio universal en todas las poblaciones del país con más de cinco mil habitantes. En cifras oficiales la mayoría de los municipios cuentan con el servicio, y en apariencia todo el país “es territorio Telcel” pero que en la realidad existe una política de segregación en telecomunicaciones para las comunidades, y Oaxaca es un claro ejemplo.

    Vayamos por partes, la Ley Federal de Telecomunicaciones en su artículo 7º dice: “La presente Ley tiene como objetivos promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones; ejercer la rectoría del Estado en la materia, para garantizar la soberanía nacional; fomentar una sana competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones a fin de que éstos se presten con mejores precios, diversidad y calidad en beneficio de los usuarios, y promover una adecuada cobertura social.” Aunado a lo anterior, en el mes de agosto del año pasado la Cofetel presentó las Acciones de Política Regulatoria 2011-2012, en la que sus cinco objetivos destacan: 1) competencia, 2) convergencia y modernización, 3) cobertura y despliegue de infraestructura, 4) calidad y precio para el consumidor, y 5) fortalecimiento institucional.

    Es claro que en el citado artículo y en los objetivos de la política regulatoria resalta la visión social de las telecomunicaciones en precios, diversidad, calidad, beneficio y cobertura. Sin embargo limitar los servicios a poblaciones con menos de cinco mil integrantes es una política totalmente discriminatoria en telecomunicaciones, ¿qué pasa con aquellas que no reúnen este requisito y no pueden acceder a la telefonía fija e internet? Para responder a esta pregunta comentaré un caso práctico que nos muestra esa acentuada desigualdad. La comunidad de San Juan Diquiyú –en la que actualmente habito- es una de las tantas de poblaciones de la Mixteca que no cuentan con internet ni telefonía fija; hace años se instaló una caseta telefónica del llamado programa de “telefonía rural” de Telmex, con el paso de los años la caseta fue insuficiente para satisfacer la demanda de los usuarios. Para “resolver” el problema llegaron los teléfonos caseros celulares digitales, además de la adquisición del equipo, las llamadas resultaron carísimas, y las tarjetas se iban como agua, ese es el negocio.

    Ante el elevado costo que representaba el consumo de tarjetas, en cierto momento, un agente municipal en turno tramitó una petición de cien líneas en la sucursal de Telmex Huajuapan, por causas “desconocidas” la solicitud se perdió en el limbo de la eficaz burocracia privada para envidia de la burocracia estatal. El año pasado nuevamente se hizo una solicitud, ahora depositada en las oficinas centrales en la Ciudad de México, tras varios meses de insistencia se proporcionó el folio DG-1022-2011, y también con un par de meses de perseverancia, la respuesta fue un rotundo “solicítelo a Oaxaca”, además de confirmar que “en ese lugar no existe infraestructura para el servicio requerido”. Para complementar el ciclo, en el mismo mes de agosto del año pasado, todas las líneas digitales en celulares pasaron a ser análogas, y nuevamente se tuvo que comprar otro equipo ahora con “chip” y antena para “mayor recepción”, claro bajo territorio Telcel.

    Y las tarjetas se siguen consumiendo como el agua que absorbe la sequía que asola en norte del país, el monto del consumo de tarjetas excede por mucho la renta mensual de una línea convencional que actualmente oscila en doscientos pesos ¿qué pasará ahora? Nada, simple y sencillamente Diquiyú como los cientos de comunidades en Oaxaca, tendrán que esperar a que Telmex decida invertir sus 17 mil mdd en infraestructura en telecomunicaciones, o que Slim se desprenda de unos cuantos milloncitos para no quedar al margen de la era digital ni rezagados en el aprendizaje para las nuevas generaciones. Es obvio que si en los municipios existe el servicio, para las comunidades, o mejor dicho, para los usuarios –jóvenes estudiantes en su mayoría-  que viven en las comunidades el desplazarse implica tres costos: pasaje, comida y costo de la renta del servicio; sacando cuentas, a la semana y al mes resulta oneroso consultar internet, no se diga hablar por teléfono. Tampoco los municipios se salvan de la dominación monopólica o proveedor único, en la Villa Heroica de Tezoatlán de Segura y Luna, cabecera municipal de Diquiyú, la velocidad es de 300 Mb; en Huajuapan es de 600 Mb, así que no es la calidad como la que se tiene la capital de la República, que oscila entre 1 y 2 Gb.

    Queda en entredicho la cobertura en calidad, precios, accesibilidad y lo que usted guste, de la principal empresa con las mayores ganancias en la historia del país y de uno delos hombres más ricos del mundo. Si esto es lo que da a entender el estudio de la OCDE, también están pendientes otros elementos más, pues ni todo es verdad ni falso ¿Entonces qué pasa con la competencia? Recordemos que telefonía e internet están estrechamente vinculados en el servicio de telecomunicaciones, y aunque Telmex tiene mayor presencia, existen otras empresas, que para bien o para mal están incursionando pero no buscan expandirse a mercados “inciertos” como son las comunidades, ya que ven más seguras las inversiones en grandes ciudades donde los clientes son potencialmente mayores y por tal las ganancias son más “certeras”.  

    Para el servicio de internet la banda ancha que ofrece Movistar tiene poca cobertura, sirve para lo indispensable como navegar para consultar correos, buscar textos o proveerse de noticias; si pretende bajar música o videos, mejor olvídelo. Una alternativa demasiado cara, es que se están instalando antenas para bajar la señal de internet vía satélite, el costo promedio diez pesos la hora, y es rentable siempre y cuando sea un número asiduo de consumidores. En cuanto a telefonía móvil, algunas empresas como Nextel se avocan a clientes corporativos de altos ingresos con un uso amplio de servicios, y es aquí donde radica el problema ya que este tipo de consumidores se encuentran en las grandes ciudades, donde ya la infraestructura está instalada y sólo pagan el “uso” de las instalaciones de la competencia. La autoridad competente en vez de incentivar la inversión en infraestructura, con actitud populista, presiona para que bajen los precios de la tarifa de terminación, como si se tradujera en beneficio de los usuarios cuando no existe una reducción real en los precios que se pagan.

    Otra empresa que ofrece servicios de telefonía e internet –y tv de paga- es Yoo, solo que siendo de cable tendría que hacer mayores inversiones para la expansión de su red, algo que parece no gustarle mucho a las empresas en telecomunicaciones como son las de cable, y fue durante bastante tiempo un reclamo de peso contra Telmex al criticar los costos por el uso su sistema e infraestructura, y que ocasionó ríspidas confrontaciones con el gobierno de Felipe Calderón, al grado de sentenciar el propio Slim la venta de Telmex, una acción impensable en un “mercado de libre competencia” donde el Estado solo hace cumplir las leyes, y que se convertiría el actual gobierno en un obstáculo para la competencia entre los agentes económicos. Una empresa más que tiene presencia en los grandes núcleos de población es Axtel, con servicios de telefonía e internet utiliza antenas para la captación de señal en telefonía fija, y que por sus características bien podría satisfacer las necesidades de cientos de comunidades en la variante geografía de Oaxaca.     

    Siendo casi el mismo servicio, las diferencias entre Telmex, Yoo y Axtel son patentes. La primera a raíz de una privatización adquiere una empresa en su totalidad con clientes ya definidos y una infraestructura cimentada, su posición es dominante; la segunda con presencia en las principales ciudades, necesita de expandir su red de cable para ampliar su número de usuarios; y la tercera tiene las características tecnológicas para cubrir las necesidades de las comunidades que no tienen acceso a telefonía fija e internet, pero ¿Qué sucede? La realidad es que existe una baja, escaza y nula inversión ya que considera a las comunidades como poco atractivas para recuperar a corto plazo los costos en instalación de antenas, redes, cableado y todo lo que implica construir la infraestructura. Así sin competencia real, el sector telecomunicaciones crecerá por inercia, apoyado por populismos neoliberales bajo el espejismo de la baja de tarifas que es parte del discurso del libre mercado, sin que en las tiendas de autoservicio, en los comestibles, en los energéticos, en los impuestos, en el pasaje, en las colegiaturas o en la vestimenta exista una reducción de precios ante la “oferta” de que la economía cada vez está mejor.

    Las telecomunicaciones son el paradigma de la privatización, aquí se demuestra sí está dando resultado la desincorporación a ultranza sin una políticas públicas planificadas, la panacea del libre mercado no está dando los resultados deseados ya que mientras más se concentran los bienes y servicios en las grandes ciudades o los principales municipios, se crean polos de desarrollo donde la población migra para obtener mejores condiciones de vida, en contraparte las comunidades cada vez más sufren un proceso de segregación en telecomunicaciones, siendo los clientes con potencialidades de pago o mayor poder adquisitivo los que están en condiciones de obtener los beneficios de las nuevas tecnologías. Desde este punto de vista, para las empresas son más cómodas las privatizaciones que hacer las inversiones, en este supuesto no existe desarrollo sino un paternalismo con la mesa ya servida.