Opiniòn.

¿MAGISTRADOS ELECTORALES O FACINEROSOS?

 

Por Martín Carlos Ramales Osorio/APIM.

Como ya se presentía y esperaba, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validaron la elección presidencial del primero de julio de este 2012, erigiendo a Enrique Peña Nieto (EPN) como flamante titular del Ejecutivo Federal, a pesar de las múltiples irregularidades detectadas y documentadas antes y durante el proceso electoral; mismo al que los beneficiarios del poder califican como de ejemplar, como de muy alta concurrencia y participación, y como muy transparente y limpio.

Los ciudadanos, sin embargo, fuimos los que verdaderamente dimos el ejemplo: salimos a votar de manera consciente y a muy temprana hora, con madurez ciudadana, con altitud de miras, confiando en el voto como posibilidad real de cambio (de un modelo neoliberal empobrecedor y concentrador del ingreso hacia un modelo más humano, equitativo y justo) y confiando en que las autoridades electorales sí estarían, esta vez, a la altura de las exigencias democráticas de amplios sectores de la población que no están enquistados ni en los partidos políticos (esos negocios familiares sumamente rentables).

 

  • magis
  • Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validaron la elección presidencial.
  • Ni en las altas esferas de las decisiones gubernamentales (sí, ahí donde un jefe de departamento gana hasta 31,972 pesos al mes, un subdirector de área hasta poco más de 55 mil pesos, un director de área hasta poco más de 107 mil pesos, un director general hasta casi 161 mil pesos, un secretario de Estado hasta casi 198 mil pesos y ni que decir de los emolumentos y remuneraciones de, por ejemplo, los presidentes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del INEGI: de 245 mil 192 y de 199 mil 597 pesos mensuales una vez deducido el ISR correspondiente, respectivamente: PEF-2012, www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2012.pdf), ni en los grandes sindicatos corporativos como el de los petroleros.

    Al respecto y a propósito, cabe mencionar que tanto los funcionarios del IFE como los magistrados del Tribunal Electoral perciben remuneraciones mucho más altas que las anteriormente mencionadas: consejero presidente y consejeros electorales del IFE, remuneración total mensual neta de 252 mil 801 pesos; magistrado presidente y magistrado de sala superior del TEPJF, remuneración total mensual bruta de 333 mil 284 pesos (PEF-2012, www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2012.pdf y www.te.gob.mx/transparencia/).

    Con toda razón, los ciudadanos estamos en condiciones de exigirles que hagan bien su trabajo: el de organizar elecciones transparentes, libres, equitativas, en las que no haya coacción de ningún tipo sobre los votantes, en las que el arbitro electoral sancione a todo aquel participante que quiera sacar ventaja sobre sus adversarios recurriendo a la trampa y al juego sucio, el de proteger suficientemente los derechos político-electorales de los ciudadanos y el de calificar la legalidad constitucional de los distintos puestos de elección popular (gobernador, jefe de gobierno del Distrito Federal, diputado federal, senador de la República y presidente de la República).

    Nada de eso hicieron, en esta ocasión, ni los consejeros del IFE (Leonardo Valdés Zurita y secuaces) ni los magistrados del TEPJF (José Alejandro Luna Ramos y tutti quanti). A pesar de nuestra muy avanzada legislación electoral (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales), ni los consejeros del IFE ni los magistrados del TEPJF decidieron aplicarla al pie de la letra; por el contrario, prevaleció la falta de aplicación de la ley y, por tanto, el candidato del PRI (EPN) pudo actuar con total impunidad: compra al por mayor de votos entre la población pobre del país a cambio de unos cuantos pesos, de uno o dos bultos de cemento, de recargas de tiempo-aire para celulares, y del reparto y entrega de baratijas como cubetas, mandiles, gorras, camisetas, escobas y un largo etcétera; difusión masiva de encuestas manipuladas tanto a través del duopolio televisivo (Televisa-TV Azteca) como a través de los grandes grupos radiofónicos (Grupo Radio Centro, Radio Fórmula, Radiorama y todos los demás) y de organizaciones editoriales afines a “El Guapo” de Atlacomulco; colocación masiva de espectaculares a lo largo y ancho del territorio nacional; flotillas completas de autobuses para transportar a “simpatizantes” del candidato desde sus lugares de origen hasta recintos como el Estadio Azteca en la capital de la República; eventos y mítines “masivos” amenizados por cantantes como Alejandro Fernández que deben cobrar una fortuna; traslado del candidato en avión particular hacia los distintos puntos del país que visitó; y algunas otras prácticas en que incurrió el candidato del “nuevo” PRI, y que con toda seguridad significaron cuantiosos gastos violando los límites respectivos contemplados y establecidos en la ley.

    Y a pesar de tanta evidencia detectada y debidamente documentada por el Movimiento Progresista, los encargados de hacer cumplir la ley en la materia en vez de apegarse a la Constitución y al COFIPE se comportaron como verdaderos rufianes, dejaron de hacer cumplir la ley y, por tanto, abrieron camino franco a la ilegalidad, a la impunidad y a la transgresión de la ley. En vez de sancionar a los delincuentes electorales del equipo de campaña de EPN, los han premiado con la Presidencia de la República y con sus respectivas secretarías de Estado; desde donde con toda seguridad seguirán haciendo y deshaciendo con este país, o con lo que queda de él, a su antojo: negocios particulares al amparo del poder público con los cuales acrecentar las arcas personales y familiares en vez de las arcas públicas y de los bolsillos de casi 60 millones de mexicanos que viven en condiciones de pobreza.

    Con este lamentable actuar de los magistrados del TEPJF, y en su momento de los consejeros electorales del IFE, se ha puesto a subasta, al alcance del mejor postor, no solamente la elección presidencial de 2018, sino que cualquier otra elección como la de presidente municipal, jefe de gobierno del DF, diputado y senador. Que el mercado decida. Total, vivimos en un mundo gobernado por un proceso globalizador de cuño neoliberal que tanto bien nos ha hecho a los mexicanos tanto a través de la apertura comercial y financiera como a través de las privatizaciones (¡ya solamente faltan PEMEX y la CFE!).

    Por lo pronto, los consejeros y magistrados electorales han comenzado por privatizar los distintos puestos de elección popular: que gobiernen los que más dinero tengan; los que más paguen por presidencias municipales, gubernaturas, diputaciones, senadurías y presidencia de la República. Total, México ya no es un país, se ha convertido en una gran empresa (México S. A. de C. V.) por obra y gracia del neoliberalismo globalizador, y como tal debe regirse por las leyes del mercado: las de la oferta y la demanda. Las leyes jurídicas están demás, y además entorpecen el funcionamiento eficiente del mercado político, y del mercado económico también…