• El País de las Nubes

    EL ASESINATO DE LÓPEZ MARTÍNEZ ¿COINCIDENCIA EN LA BARBARIE?

Por Ramón John.

El pasado 17 de octubre en la ciudad de Tlaxiaco murió asesinado Antonio Jacinto López Martínez, originario de San Martín Itunyoso el hoy occiso inició una lucha por la defensa de los usos y costumbres a raíz de que se le presionó para no asumir el cargo de presidente municipal pues en julio de 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)a través del oficio MC-165-05 México, solicita al Estado mexicano otorgar medidas cautelares a favor de López Martínez para garantizar su vida e integridad física. Los antecedentes para esta recomendación se derivan de que en octubre del 2004 es elegido como presidente constitucional de San Martín Itunyoso por el sistema de usos y costumbres para el periodo 2005-2007. En un comunicado de prensa se exige el esclarecimiento de dicho asesinato y ofrece datos muy interesantes sobre el contexto en que ocurre; supongo que las autoridades tomarán nota de esto pues se inserta como uno de los principales indicios que derivaron en la muerte de López Martínez, por lo que resaltaré a continuación:

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  • Antonio Jacinto López Martínez.
  • …el  27 de Diciembre  del 2004, siendo aproximadamente  a las seis de la tarde fue citado, en la oficinas de  la Secretaria General de Gobierno por el ingeniero Joaquín Rodríguez Palacios, Subsecretario de gobierno del Estado de Oaxaca, México, y en presencia del presidente municipal saliente de San Martín Itunyoso, el C. ANTONIO JACINTO LOPEZ MARTINEZ, y demás integrantes del cabildo saliente, le dijeron que no estaba preparado para ser presidente municipal y que no lo iban  a dejar ser presidente y que tenía que pedir su licencia, ya que si se presentaba  a tomar posesión de su puesto, lo iban  a matar. Esto fue  durante  el periodo del gobierno de Ulises Ruiz, que mantenía grupos de poder en la región, por medio de la fuerza.”

    En enero del 2005 poco antes de arribar a San Martin Itunyoso para tomar posesión como presidente municipal, le dispararon a su vehículo en el paraje “Cruz de Conejo”. Se hizo la denuncia respectiva al Ministerio Publico, ya que en el atentado fallecieron cuatro personas. En ese ambiente de hostigamiento, Antonio Jacinto López Martínez emprendió una lucha jurídica por el respeto de los usos y costumbres no solo para su municipio, sino en general para los pueblos indígenas, y en julio de 2005 presento una demanda de amparo “en contra de actos de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Oaxaca, el H. Ayuntamiento de San Martín Itunyoso, Tlaxiaco y del Director de Gobierno del Estado de Oaxaca, por el desconocimiento arbitrario como Presidente Municipal de San Martín Itunyoso Tlaxiaco.”

    Cabe destacar que por haber sufrido un atentado en el Barrio de San Diego en Tlaxiaco en ese mes de julio, el Centro de Derechos Humanos  y Asesoría de Pueblos Indígenas (CEDHAPI) solicito  a la CIDH otorgar medidas cautelares a López Martínez, y fueron concedidas  el 29 de julio de 2005. A mes d febrero de 2009 las reuniones para salvaguardar la integridad física de López Martínez se habían dejado de efectuar. En septiembre del 2006 el hoy occiso presentó una “Petición de Fondo ante la Comisión Interamericana  de Derechos Humanos, demandando  al Estado Mexicano, por violación a sus Derechos Humanos  y los Derechos  de los pueblos indígenas  en Oaxaca, en dicha petición se pedía la reparación del daño moral y económico así como: la Reforma de la Constitución Política  de los Estados Unidos  Mexicanos  en cuanto a los Derechos  de los Pueblos Indígenas; una reforma  a la Ley de amparo para permitir el recurso efectivo de los Derechos Políticos; un informe, sobre la separación de los poderes en México, y la efectividad e imparcialidad de los recursos judiciales.

    Ante todo esto cabe preguntar, ¿qué acaso las cuestiones en asuntos indígenas son de segunda categoría? Recordemos que Felipe Calderón, presidente de la República, es el representante del Estado Mexicano y cuando sucedió de del Casino Royal la propaganda mediática “elevó” el caso como si hubiera sido la caída de las Torres Gemelas, con todo respeto que merecen familiares y  víctimas del casino. Es lamentable que el asesinato trate de ajustarlo a un asunto estatal, ya que por las condiciones en que se desarrolló el hostigamiento al hoy occiso, la protección es una medida de carácter de Estado, y ojalá que no salgan con que fue un “asalto”; y esta misma situación se homologa al oficio de los periodistas, independientemente del estado o región en donde se encuentren es un atentado y amenaza a la libertad de expresión. Lo sintomático es el vínculo con el anterior régimen estatal priísta, y para variar en Estados Unidos se responsabiliza a Ernesto Zedillo como responsable de la masacre de Acteal ¿coincidencia en la barbarie? 

    ¿Qué se cocina?

    Enrique Krauze definió muy bien las relaciones del poder de los gobernadores en los estados en su obra La Presidencia Imperial, al referirse a esos personajes como defensores a ultranza de los califatos, feudos de poder donde los gobernadores son amos y señores cual época medieval en el cual los ciudadanos se contemplan como simples siervos. En los últimos años Oaxaca ha padecido  muchos asesinatos de líderes indígenas y sociales como el caso de Antonio Jacinto López Martínez; organizaciones sociales e independientes son un claro ejemplo de una lucha a favor y contra la estructura de un poder que intenta defender sus intereses a costa de todo. Los resultados están a la vista, y las víctimas por regla general son los indígenas y habitantes de las comunidades ¿hasta cuando los gobernadores en cualquier ámbito dejarán de comportarse como los Señores de la Guerra?